En una reciente entrevista en el programa “Sin Rodeos”, el constitucionalista Fabián Volio desglosó los elementos fundamentales de la controversial Ley Jaguar, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa. Esta ley, que se presenta como una herramienta para optimizar la gestión pública y el desarrollo económico, ha generado un intenso debate en el ámbito político y social del país.
La propuesta de ley incluye tres reformas principales: ajustes a la Ley Orgánica de la Contraloría para evitar su intervención directa en la administración pública, precisiones en la Ley de Contratación Pública para permitir ciertos tipos de contratos gubernamentales, y mejoras a la Ley de Japdeva para fomentar alianzas público-privadas que impulsen el desarrollo en la zona atlántica.
Volio enfatizó que la Ley Jaguar no contradice la constitución y podría ser aprobada tanto por la Asamblea Legislativa como por un referéndum popular. “Es una ley posible, que pasa el filtro constitucional y puede ser votada por el pueblo costarricense, dueño de la soberanía”, afirmó.
Uno de los puntos más debatidos es la función de la Contraloría General de la República. Según Volio, la ley de 1994 amplió excesivamente las competencias de la Contraloría, permitiéndole intervenir en áreas que no le corresponden, como la eficiencia administrativa y la legalidad operativa de diversas instituciones. La Ley Jaguar busca revertir estas expansiones, permitiendo que la Contraloría se concentre en su papel original de fiscalización de los fondos públicos.
La aprobación de esta ley, según el experto, permitiría a la Contraloría dedicar todos sus recursos y personal a la lucha contra la corrupción y la malversación de fondos. Asimismo, las reformas propuestas en la ley de contratación pública y la ley de Japdeva podrían facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura esenciales, como el desarrollo de nuevos muelles y la mejora de servicios en la zona de Limón.
A pesar de las críticas que sugieren que esta ley podría abrir la puerta a la corrupción, Volio sostiene que estas preocupaciones son infundadas, ya que las medidas anticorrupción permanecerán intactas. “Si usted toma los centenares de funcionarios que están trabajando en el día a día para, por decirlo así, barrer y ordenar las diferentes oficinas, pasan todos a trabajar en la custodia de fondos públicos”, explicó.
El debate sobre la Ley Jaguar pone de manifiesto las tensiones entre la necesidad de mejorar la gestión pública y las preocupaciones sobre posibles retrocesos en la fiscalización. En un contexto donde la confianza en las instituciones es crucial, la discusión abierta y transparente sobre esta ley es fundamental para el futuro del país.
Conclusión:
La Ley Jaguar representa un esfuerzo significativo por parte del gobierno para fortalecer la fiscalización y promover el desarrollo económico. Mientras algunos temen sus posibles consecuencias, otros, como Fabián Volio, ven en ella una oportunidad para avanzar hacia una gestión pública más eficiente y menos corrupta. El futuro de esta ley dependerá en gran medida del debate informado y de la participación activa de todos los sectores de la sociedad costarricense.
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